Pauta oficial: radiografía de una distribución discrecional y electorialista

    Entre 2016 y 2019 las cuatro jurisdicciones más grandes del país invirtieron más de 45 mil millones de pesos en concepto de publicidad oficial, lo que representó alrededor de un 20% del mercado publicitario argentino. El dato muestra la injerencia estatal tanto en la economía, como en el desarrollo del sistema de medios argentino. Un análisis de su distribución da cuenta de su utilización electoralista, propagandística y discrecional para premiar a los grandes medios que también dice mucho (¿o todo?) sobre la estrecha relación que une los devenires de los gobiernos y de las empresas mediáticas. A continuación los detalles de una delicada relación que pone en riesgo la libertad de expresión.

    La pauta oficial es un recurso central para el funcionamiento del sistema. Su gestión habilita discusiones políticas pero también sobre dinero, en un contexto de crisis en los medios tradicionales. Los datos de su administración en el país permiten identificar lógicas de gestión compartidas más allá del color político, el tamaño de las “cajas” y las jurisdicciones.

    Las inversiones en publicidad de actos de gobierno de la administración nacional (bajo la presidencia de Mauricio Macri), de la Jefatura de Gobierno de CABA (Horacio Rodríguez Larreta) y de las gobernaciones de Buenos Aires (María Eugenia Vidal), Córdoba (Juan Schiaretti) y Santa Fe (Miguel Lifschitz) son las que, sumadas, muestran un gasto promedio de $11.400 millones por año. Todo calculado en pesos constantes, es decir, equiparando los valores en pesos tomando en cuenta los índices de inflación (del INDEC y del IPC Congreso) de los distintos años.