No te quiero enamorar

    El gobierno de Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre en un país con altísimos niveles de inflación y pobreza, fuerte recesión en la economía, alto endeudamiento y la urgencia de afrontar vencimientos de capital e intereses en el corto plazo. En ese álgido contexto se tomaron una serie de medidas enmarcadas en la Ley de Solidaridad Social, algunas de las cuales fueron bastante polémicas y generaron mucha convulsión, como el impuesto del 30% a las compras con tarjeta de crédito en dólares, el aumento de retenciones al campo y la suspensión de la movilidad en la fórmula jubilatoria. Como consecuencia se expresaron a favor y en contra periodistas, dirigentes políticos, personajes mediáticos, oficialistas y opositores, y circuló una vez más la teoría que aflora siempre entre militantes y personas afines al oficialismo en los momentos en que los Gobiernos están en el ojo de la tormenta: las medidas aplicadas son buenas y necesarias, pero están mal comunicadas.

    El recurso de culpar a la mala comunicación para justificar la desaprobación de políticas públicas controversiales no es algo nuevo, más bien es un clásico de la política argentina que viene desde hace varios años y ha atravesado gobiernos de diferentes insignias políticas. Hagamos un breve repaso de las últimas experiencias.